Investigación exclusiva revela que más de 100 propiedades han sido autorizadas en las Tierras Indígenas (TI) en espera de demarcación. Las autorizaciones explotaron con una nueva ordenanza de la Funai que desprotege estos territorios.
Ganador del Primer Lugar del Concurso de Periodismo de Datos «Todos los Ojos en la Amazonía»
Por Bruno Fonseca y Rafael Oliveira
Originalmente publicado en portugués: https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/
Bajo la dirección de Jair Bolsonaro, el gobierno ha certificado sistemáticamente fincas en Tierras Indígenas (TI) en la Amazonía Legal. Desde el inicio de la gestión en 2019, 42 fincas han sido certificadas de manera irregular, contrariamente a protecciones a estas tierras planificadas desde 2012 por la Fundación Nacional del Indio (Funai, por sus siglas en portugués).
Luego, a partir del 22 de abril, cuando Funai publicó una normativa para autorizar la certificación de tierras privadas en áreas indígenas no homologadas, el número se disparó. Hubo 72 nuevas certificaciones en menos de un mes, un promedio de más de dos por día. Las Tierras Indígenas no homologadas son áreas que esperan el decreto presidencial, la última fase del proceso de demarcación antes del registro definitivo. Hasta la fecha, el gobierno de Bolsonaro no ha homologado ninguna Tierra Indígena.
Las conclusiones forman parte de una investigación inédita de Agencia Pública, que muestra que en el actual gobierno ya hay 114 fincas con la certificación aprobada en el sistema de ordenamiento territorial (Sigef, por sus siglas en portugués) y que ingresan a tramos de áreas indígenas no homologadas. En conjunto, estas fincas ocupan más de 250 mil hectáreas de áreas indígenas.
Los propietarios de tierras están obligados por ley a registrar sus propiedades en el sistema [Sigef] del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Sin certificación, no es posible registrar la tierra en la oficina de registro, solicitar financiamiento de forma legal o que se autoricen obras, tales como centrales hidroeléctricas y otras actividades, como pedidos para actividades mineras .
Con la nueva instrucción normativa publicada por Funai , todas las 235 Tierras Indígenas en proceso de demarcación en el país ya no tienen un obstáculo para el registro de estas propiedades. También se pierde la protección a las áreas reclamadas formalmente por grupos indígenas, aquellas con ordenanzas de uso restringido, las de referencia de indígenas aislados y las asignadas para el usufructo indígena.
La investigación muestra otra situación más preocupante. Hay más de 2.000 propiedades privadas autodeclaradas en el Sistema Nacional de Registro Ambiental Rural (CAR/Sicar, por sus siglas en portugués) que afectan áreas indígenas en siete estados de la Amazonía. Quinientos de estas se encuentran en territorios donde viven indígenas aislados.
Según fuentes consultadas por el informe, las autodeclaraciones realizadas en este sistema pueden ser reguladas por la PL 2633/2020, presentada en sustitución a la MP de ocupación de tierras y este asunto podrá ser sometido a votación esta semana en el Congreso .
Según el criterio de la abogada Juliana de Paula Batista, del Instituto Socioambiental (ISA), la declaración obtenida en Funai, asociada a la PL 2633, puede facilitar la regularización de tierras ocupadas de forma ilegal. Elegido con la promesa de no demarcar ningún centímetro de tierra indígena, el gobierno de Bolsonaro también presentó recientemente el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, que tiene como objetivo regularizar la minería en Tierras Indígenas. En entrevista con Pública, el fiscal general adjunto, Antônio Carlos Bigonha, afirmó que la aprobación del PL minero sería “como si el Estado decidiera legalizar el homicidio por no saber controlarlo” . Bigonha es el coordinador de la Cámara de Revisión Constitucional del Ministerio Público Federal que es la mediadora de la relación de los indígenas con el Estado.
Bajo la gestión de Bolsonaro, las fincas certificadas llegan a 12 Tierras Indígenas y 10 pueblos indígenas
Las más de 100 propiedades privadas con certificación autorizada en los últimos dos años afectan a 12 Tierras Indígenas en los estados de Pará, Mato Grosso y Maranhão. En estas viven 10 etnias diferentes. Para tener una idea, el promedio de años anteriores fue de tres fincas certificadas irregularmente en áreas indígenas.
Según informó Incra en respuesta a Pública, Funai es responsable de adoptar medidas para la rectificación o cancelación de certificaciones de tierras que afecten de manera irregular a territorios indígenas. Después de solicitar su opinión, Funai no respondió hasta la fecha de publicación.
La mayoría de las fincas certificadas se concentran en el área de Amazonía Legal, en el estado de Maranhão y la situación más crítica es aquella de tres territorios indígenas vecinos, que registran conflictos y asesinatos
de los pueblos indígenas : las tierras de Bacurizinho, Kanela Memortumré y Porquinhos dos Canela-Apãnjekra. El área de las tres comenzó a ser reducida por 74 fincas certificadas, entre 2019 y 2020, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por el gobierno antes de que Funai publicara la norma que autorizaba la certificación de terrenos privados en áreas no homologadas.
Los tres terrenos ya fueron delimitados, lo que significa que los estudios fueron aprobados por la presidencia de la Funai y publicados en el Boletín Oficial de la Federación. Kanela Memortumré ya había pasado a la etapa de declarada, mediante una ordenanza del Ministerio de Justicia que reconoce que el territorio debe estar delimitado físicamente, pero fue perjudicado por la opinión del exministro de Justicia Sergio Moro y regresó a Funai.
En Mato Grosso, en cambio, hay Tierras Indígenas que tienen casi la mitad del área ocupada por registros agrícolas. Este es el caso de la tierra de Cacique Fontoura, en San Félix do Araguaia. La hacienda Fontoura fue registrada y certificada en el sistema federal el 23 de abril, un día después de la ordenanza de Funai. La mayor parte del área agrícola se encuentra dentro de la Tierra Indígena, no fuera de esta.
El área se ha disputado durante años . En 2016, la Corte Federal de Cuiabá desestimó una demanda que pedía la recuperación de una finca de casi 10.000 hectáreas ubicada en la tierra indígena.
Las Tierras Indígenas de Maranhão, cerca del límite de la Amazonía Legal, tienen el mayor número de fincas autorizadas en sus áreas. La TI Porquinhos es una de las más afectadas.
Los propietarios de tierras codician el 87 % de las TI no homologadas en la Amazonía, incluidos los territorios de los pueblos indígenas aislados.
Además de las fincas certificadas por Incra en áreas indígenas, 42 de las 48 TI no homologadas en la Amazonía tienen alguna parte del territorio invadida por registros de tierras autodeclarados en el Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en portugués), bajo la responsabilidad del Servicio Forestal Brasileño. Desde que Bolsonaro asumió el cargo, la entidad fue transferida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).
En total, 2.165 propiedades rurales autoregistradas en el sistema incluyen Tierras Indígenas en los estados de Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. La mayoría de estos registros están pendientes de análisis, pero hay siete de ellos con análisis finalizados, es decir, sin asuntos pendientes.
De acuerdo con las reglas de Funai , cuando afecta a tierras indígenas, el registro no puede ser publicado.
Una de estas propiedades privadas analizadas sin pendientes corta el territorio Menkü, del pueblo myky, en Mato Grosso. La Tierra Indígena está invadida casi en su totalidad por otras declaraciones de terratenientes que están en análisis.
“[Los] agricultores dicen que ya no necesitamos tierra, que la nuestra ya es de buen tamaño y solo tenemos que trabajar”, dice el líder de los TUPY MYKY. “En todo momento nos pide que nos rindamos, que si nos damos por vencidos estarán a nuestro favor, irán a Brasilia a pelear con el gobierno con el fin de conseguir recursos, maquinaria. Pero dejamos muy claro que no, que lucharemos todo el tiempo que podamos”, dice.
Parte de la tierra de Menkü ha sido homologada desde 1987, pero el proceso ha sido cuestionado por la gente de myky, que espera un nuevo estudio que podría ampliar el área a 146.000 hectáreas.
Para los tupy, las medidas como la instrucción normativa de Funai son “anti-indígenas” y fortalecerán a los agricultores que disputan la tierra con su gente. “Esta decisión de Funai y, sobre todo, las declaraciones que el presidente Bolsonaro siempre hace pueden alentar a los terratenientes a ingresar a esta tierra. “Si hacemos algo con los indígenas, saldremos limpios”, dicen los líderes de los myky.
Siete zonas donde viven indígenas aislados están sujetas a CAR por parte de los propietarios, seis de ellas con uso restringido garantizado por Funai. –
La investigación muestra que se han registrado más de 500 propiedades rurales en Sicar, el sistema en línea de CAR, en áreas en donde viven grupos aislados.
La tierra más afectada es Ituna/Itatá, en el estado de Pará. El territorio, que era el campeón en deforestación en 2019 , según datos de Prodes/INPE, está cubierto casi en su totalidad por registros privados.
En Mato Grosso, el informe detectó cientos de tierras privadas declaradas en las TI de Apiaká do Pontal, Kawashiva do Rio Pardo y Piripkura, donde viven pueblos indígenas aislados. En Rondonia, la pequeña TI de los tanaru, de 8 mil hectáreas, ya tiene más de un tercio del área cubierta por los registros de propietarios.
El gobierno certifica granjas en el territorio de los Manoki, codiciadas por terratenientes.
En el estado de Mato Grosso, en el territorio de los indígenas Manoki, ocho fincas fueron certificadas por Incra en Sigef luego de que Funai publicara la norma que no protegía las TI no homologadas. Las cinco fincas tienen toda el área dentro de la Tierra Indígena. Además, gran parte del territorio de los Manoki está cortado por propiedades privadas autodeclaradas por sus propietarios que están a la espera de ser analizadas por el gobierno en Sicar.
“Hay mucha invasión de empresas de madera, que se llevan mucha madera. Como es una invasión, prendieron fuego al bosque y construyeron vallas, trajeron ganado, etc. Después del ganado, [entra la agricultura] y así están entrando allí”, dice Giovani Tapura, uno de los líderes de la región. En 2018, un informe de Pública mostró la lucha de los Manoki contra los agricultores que invaden su territorio y bloquean la demarcación.
Según Giovani, a pesar de la gran cantidad de conflictos en la región, hasta 2018 los pueblos indígenas contaban con el apoyo de las medidas de la Funai. Con la elección de Bolsonaro, el escenario comenzó a tornarse aún más desfavorable para los Manoki. “Contamos en gran medida con Ibama cuando hubo una invasión maderera y hoy, al gobierno, le da lo mismo. La Funai ya no es lo que era. Para llegar a la delimitación, no fue un día de estudio y experiencia, fueron años y años. Con tan solo una firma, ¿se perdieron todos esos estudios antropológicos? El nuestro empezó en 1992 y duró hasta ahora, casi 30 años”, dice.
El informe detectó declaraciones de tierras y fincas certificadas en la zona donde viven los Manoki, que luchan por completar la demarcación de su territorio.
En Tapajós, las áreas sin homologación son invadidas por declaraciones de los propietarios.
“Esta medida [de Funai] beneficia a quienes ya invadieron la tierra, que ya están dentro del territorio. Esto debilita a los indígenas y fortalece la agroindustria y las empresas madereras que ya han invadido nuestros territorios”, dice la indígena de los arapium, Auricélia Fonseca. Estudiante de derecho en la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), es subcoordinadora del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), que representa a 13 etnias de 18 territorios de la región del Baixo Tapajós, en Santarém; Belterra y Aveiro, en Pará.
Según una investigación de Pública, las tierras de los maró, cobra grande, bragança-marituba y mundukuru-taquara, que se encuentran en la región, tienen el 100 % del territorio codiciado por las declaraciones de los terratenientes. Las cuatro tierras ya han sido delimitadas y dos de estas ya declaradas.
En el territorio de los maró, por ejemplo, las amenazas de muerte provocaron que uno de los jefes fuera escoltado, ya que el pueblo logró recuperar parte de su territorio de los madereros, según Auricélia.
En la región del Tapajós Medio, Alessandra Munduruku, una de las principales mujeres líderes indígenas en el país , afirma que el papel del presidente de Funai es “genocida”. “Otras mujeres y yo que estamos en primera línea, estamos defendiendo nuestro territorio más que un tipo enternado encargado de negociar nuestras tierras. No tiene la dignidad como para trabajar para Funai, caminar por los pueblos, ni siquiera es hablar en nombre de los pueblos indígenas porque tiene la sangre de los pueblos indígenas en la mano”, dice la primera mujer presidenta de la Asociación Indígena Pariri.
El territorio indígena más grande no homologado en la región, Sawré Muybu, es el objetivo de seis tierras privadas que se han autodeclarado con respecto a algún tramo del área indígena.
En Sawré Muybu, los munduruku también están tratando de frenar el interés de los mineros, a pesar de que esta tierra ha sido la campeona en solicitudes de minería en las TI en la última década. Hay 97 procesos, que representan más del 14 % de todos los pedidos en la Amazonía, como fue revelado por Pública .
«¿Funai va a existir para matarnos más, cómo lo están haciendo?», pregunta Alessandra. “Para nosotros lo que cuenta es la tierra. Si el indio no tiene su territorio, se enferma, y eso es lo que está haciendo Funai. Solo ellos olvidaron que hemos aguantado más de 520 años. Vamos a luchar para que nuestras tierras sean demarcadas, ya sea con este gobierno o con otro. Porque los gobiernos pasan, pero nuestras tierras no”, dice.
Funai retiró la protección de las Tierras Indígenas no homologadas, pero Bolsonaro aún no ha completado ninguna homologación durante su gobierno.
Los pueblos indígenas critican la falta de demarcación de tierras.
La regla de Funai que permitía la certificación de fincas en tierras no homologadas fue promulgada por el secretario de asuntos agrarios del Gobierno. Federal, Nabhan García . El expresidente de la Unión Democrática Rural (UDR) apareció en un video junto al presidente de Funai, Marcelo Augusto Xavier, para conmemorar la medida y afirmar que las TI no homologadas eran consideradas Tierras Indígenas por “una cuestión ideológica” y de manera “ ilegal».
En marzo del año pasado, Incra incluso envió a Funai un borrador de reglamento con un efecto similar, en el que proponía la eliminación de las TI no homologadas del Sistema de Gestión de Tierras (Sigef). En ese momento, el entonces presidente de la entidad indígena se opuso a la propuesta, aprobó la información técnica y opiniones contrarias a la medida. Franklimberg Ribeiro de Freitas fue despedido unos días después, y en una entrevista con Folha de S. Paulo afirmó que Nabhan García “siente un gran odio hacia los indígenas”.
Según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la norma ataca los derechos indígenas y provocará un aumento de los conflictos por la tierra .
«Hay una política genocida en curso y las medidas administrativas agravarán los conflictos de tipos socioambiental, étnico-cultural, de los pueblos indígenas y de estos invasores que intentan a toda costa usurpar nuestros territorios para diferentes fines”, dice Dinamam Tuxá, vicecoordinador de Apib.
La situación dio lugar a una serie de notas contrarias a la medida de Funai. El Consejo Indígena Misionero (CIMI) , la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) , la Asociación de Empleados de Funai y el Instituto Socioambiental repudiaron la instrucción normativa. La diputada federal, Joenia Wapichana (Rede-RR), presentó una propuesta de decreto legislativo con el fin de detener la nueva ordenanza de la entidad indígena con el objetivo de «salvaguardar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas». La Red de Sostenibilidad también presentó una Declaración de incumplimiento de preceptos fundamentales (ADPF 679) contra las reglas del Supremo Tribunal Federal (STF), pero la apelación fue denegada por el ministro Luiz Fux, sin sentencia de mérito. Otro partido, el Partido de los Trabajadores (PT), también acudió a los tribunales para interponer una demanda contra la instrucción normativa. Cuatro diputados del PT convocaron a la 16va Jurisdicción Federal de Brasilia, en una acción popular contra el presidente de Funai .
El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó que se analice la medida por el STF y publicó el 29 de abril una recomendación solicitando la revocación inmediata de la instrucción normativa . Firmado por 49 abogados de 23 estados, el documento considera que la medida es inconstitucional por crear “precedencia indebida de la propiedad privada sobre las tierras indígenas”.
El Supremo Tribunal Federal (STF) ya ha considerado que el Estado debe proteger las Tierras Indígenas, incluso sin un decreto de homologación. El viernes pasado (15), el MPF de Mato Grosso presentó una acción civil pública solicitando que se exija a Funai e Incra mantener o incluir en Sicar y Sigef todas las Tierras Indígenas del estado, bajo pena de sanciones. Si la justicia cumple con la solicitud, las TI que no han sido homologadas y las demás áreas que estaban protegidas antes de la reglamentación de la Funai estarán protegidas nuevamente en el estado. Según Pública, el objetivo es establecer un frente legal a nivel nacional, y fiscales de otros estados brasileños ya están trabajando para presentar acciones similares.
En 2017, el ministro Luiz Fux consideró inconstitucional la inclusión del término “demarcado” en un extracto del Código Forestal que habla de Tierras Indígenas, considerando que “la demarcación y título de territorios son meramente declarativos, y no constitutivos”.
En 2013, en el extracto de la sentencia de la petición 388, relacionado con el caso de demarcación de la TI Raposa Terra do Sol, se afirmó que “los derechos de los indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan fueron constitucionalmente ‘reconocidos’, y no simplemente otorgados, con lo cual el acto de demarcación es de carácter declaratorio, y no propiamente constitutivo”.
Metodología
Para obtener los datos, el informe consultó tres bases de datos públicas: Tierras Indígenas de Funai ; las propiedades del Registro Ambiental Rural (CAR) ; y las propiedades privadas registradas en el Sistema de Gestión Territorial (Sigef) . En el cruce de información, consideramos solo las TI no homologadas, ya que las regulaciones de Funai liberaron el registro de tierras en estas áreas. De la base de CAR, solo se consideraron las propiedades rurales (IRU, por sus siglas en portugués) en los municipios donde existen TI. Y de las propiedades registradas en Sigef, tomamos en cuenta solo aquellas regularizadas y con un estado de certificado por el sistema. Los resultados son la superposición de las áreas seleccionadas en el CAR y Sigef con las áreas de las TI. Toda la investigación tomó en cuenta los ocho estados de la Amazonía Legal, además de parte de Maranhão.
El informe se incluye en el proyecto de Agencia Pública denominado Amazonía sin ley, que investiga la violencia relacionada con la regularización territorial, la demarcación de tierras y la reforma agraria en la Amazonía Legal. El especial también cubre conflictos en el Cerrado, el segundo bioma brasileño más grande.
Actualización (19/05/2020 a las 19:45): Se ha actualizado la infografía “Fincas certificadas en Tierras Indígenas no aprobadas”, ya que las 72 fincas aprobadas después de la ordenanza de Funai fueron autorizadas en un plazo aún menor a 30 días.
Actualización (20/05/2020 a las 11h53): Corregimos la información sobre la ubicación de la TI Tanaru, que está en Rondonia, no en Roraima.
