Intercambiar experiencias y buenas prácticas es el inicio de transformaciones profundas en el sistema de justicia, así lo demuestra el reciente intercambio presencial entre delegaciones de Costa Rica, Guatemala y Países Bajos, donde representantes de sociedad civil y del sistema judicial unieron esfuerzos para fortalecer sus capacidades en el acceso a la justicia para personas LGBTIQA+.
Delegaciones de Guatemala y Costa Rica se reunieron recientemente para fortalecer sus capacidades en un tema urgente y necesario: la recolección ética y sensible de datos de personas LGBTIQA+ en los sistemas de justicia. Este encuentro forma parte del proyecto de cooperación triangular impulsado por el programa ADELANTE 2 y financiado por el Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea- Costa Rica-América Latina y Caribe.
Durante una semana de trabajo liderada por CONAMAJ del Poder Judicial de Costa Rica, representantes de sociedad civil y del sistema judicial compartieron experiencias, buenas prácticas e ideas innovadoras para garantizar que las estadísticas no invisibilicen, sino que protejan y reconozcan.
Voces que inspiran, aprendizajes que conectan
La delegación guatemalteca incluyó a activistas y defensores de derechos humanos con trayectorias comprometidas:
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Saira Ortega, de Hivos, quien subrayó la urgencia de contar con datos abiertos e interseccionales en el ámbito judicial;
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Leonardo Ortega Méndez, de GAX ONG, quien destacó la importancia de identificar líneas estratégicas comunes entre países;
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Misael Molina, de CREAR Escuintla, con una mirada desde los territorios más vulnerables.
En la semana de visita en Costa Rica, la delegación tuvo programadas visitas de intercambio institucional para conocer iniciativas y proyectos liderados por organizaciones en materia de apertura y protección de datos para la protección de derechos de la comunidad LGBTIQA+. De este modo, visitaron el Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, la organización no gubernamental IRCA CASABIERTA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá de las cifras: datos que protegen vidas
Los datos no son neutros. Son herramientas poderosas para el cambio, y cuando se recolectan con responsabilidad y empatía, pueden marcar la diferencia entre la exclusión y el acceso a derechos.
Como lo expresó Cristina Follana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), “si no tenemos datos, no podemos proteger”. Esta frase resume el espíritu del proyecto, que apuesta por una justicia más cercana, más humana y más consciente de las realidades que viven las personas sexualmente diversas en la región.
Leonardo Ortega afirmó que es necesario: “Identificar esas líneas estratégicas para seguir trabajando entre países y sectores”. El trabajo de la institucionalidad pública y de las organizaciones en el reconocimiento de derechos de estas poblaciones fue destacado por Leonardo, quien calificó este intercambio de gran valor para conocer la forma de recolección de datos y la sensibilidad al tratar a poblaciones vulnerabilizadas, “cumplió todas mis expectativas, aprendimos mucho”, concluyó el director de GAX ONG.
Un futuro compartido
Las visitas e intercambios son parte de una semana de trabajo que incluyó también un taller con cerca de 20 personas participantes para el mejoramiento de capacidades del personal judicial y sociedad civil en la atención a la población sexualmente diversa y en su recolección de datos.
Para Saira Ortega es una prioridad contar con datos abiertos en los servicios de justicia, específicamente para las poblaciones LGBTIQA+, “una de nuestras expectativas con este intercambio es refrendar el trabajo colaborativo e interseccionalizado (…) para brindar servicios de calidad a estas poblaciones”. Ella calificó las visitas como enriquecedoras y destacó el compromiso de la institucionalidad pública y de organizaciones de sociedad civil por seguir mejorando y cocreando espacios libres de violencia, pese al contexto económico y social desafiante.
La responsable de proyectos en la Agenda de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo (AECID) en Costa Rica, Cristina Follana, afirmó que este proyecto ha sido esencial gracias al aporte crucial en la visibilidad de los colectivos vulnerables y concluyó indicando: “Si no tenemos datos, no se pueden proteger derechos”.
Este proyecto se financia gracias al Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea-Costa Rica-América Latina y Caribe ADELANTE 2, un aporte de la Unión Europea de 1.2 millones de euros, con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la colaboración del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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