El pasado lunes 18 de marzo, Costa Rica escribió una página triste por la inacción del Estado costarricense para brindar la protección oportuna al indígena Sergio Rojas, quien lideraba el movimiento por la recuperación de tierras en el territorio de Salitre.

Este hecho es una expresión del racismo estructural, la violencia periódica de la zona y es resultado del incumplimiento de la Ley Indígena que define la obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos.

El asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos es una realidad que aqueja a América Latina, en este contexto el Estado y la sociedad costarricense deben tomar las acciones urgentes para pacificar la zona y cumplir con los mandatos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Exigimos justicia para Sergio Rojas y atención inmediata a las solicitudes de protección de las personas indígenas que han sido amenazadas por personas no indígenas que ocupan ilegalmente sus territorios. Solicitamos al Gobierno de la República emprender las acciones correspondientes al más alto nivel para atender con la prioridad que requiere este conflicto e iniciar un proceso seguro, integral y con enfoque de derechos humanos la recuperación y saneamiento de los territorios indígenas.