Informe realizado por COIAB en alianza con Hivos exige justicia por los asesinatos de pueblos indígenas ocurridos en los últimos 17 años que han quedado en la impunidad
Un estudio realizado por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) en alianza con Hivos en el ámbito del programa Todos los Ojos en la Amazonía, llama la atención sobre la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas del estado de Maranhão. El informe titulado “Acceso a la justicia para los pueblos indígenas en el estado de Maranhão” revela que la mayoría de los casos de asesinatos contra indígenas, ocurridos en el período 2003 a 2019, siguen sin resolver por el poder judicial y están vinculados a conflictos territoriales.
La investigación, que inició en el segundo semestre de 2020 tuvo como objetivo indagar cómo el Poder Judicial, ente encargado de interpretar y aplicar la ley en casos específicos, ha actuado y posicionado violaciones sistemáticas a los derechos indígenas.
El informe final, que contó con el apoyo de la Coordinación de Organizaciones y Articulaciones de Pueblos Indígenas de Maranhão (COAPIMA), de Greenpeace Brasil y de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), también revela que la violencia contra los pueblos indígenas en el estado de Maranhão es el resultado de una falta de estructura estatal para la protección de los derechos indígenas y de un discurso de violencia institucionalizada en los conflictos de tierras entre los pueblos originarios y los madereros que ocupan sus territorios tradicionales, áreas de interés para la agroindustria.
“Este estudio es el resultado de mucha conversación, diálogos, investigaciones y consolida las quejas que ya hemos hecho y seguimos haciendo. El informe revela la impunidad y la situación de violencia contra los indígenas en el estado de Maranhão. Muestra cuán paralizados están los procesos de propiedad de la tierra en las Tierras Indígenas y cuánto han sido criminalizados nuestros líderes dentro del estado, y también revela cómo el estado, como un todo responsable de proteger las TI, ha fallado en todos los ámbitos ”. Edilena Krikati, Coordinación de Organizaciones y Articulaciones de Pueblos Indígenas en Maranhão (COAPIMA)
Sobre el Informe
Según el estudio, el poder judicial ha contribuido a obstaculizar la demarcación de territorios indígenas y destaca que los municipios se encuentran entre los actores que más activan al poder judicial para impedir la realización de los derechos territoriales indígenas. El documento también señala que los delitos ambientales que ocurren dentro de los territorios indígenas quedan impunes y los derechos indígenas a la autodeterminación y la autorrepresentación son sistemáticamente irrespetados.
La impunidad se agudiza por la dificultad de acceso a la información, asesinatos de líderes indígenas, disputas territoriales y fallas en las investigaciones y procesos que involucran asesinatos de líderes indígenas. La falta de respeto a los derechos indígenas y la falta de acceso a la justicia acentúan la desigualdad y refuerzan una narrativa estigmatizante, con graves consecuencias para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Maranhão.
“Lidiamos con la ausencia del Estado en el día a día, nosotros mismos utilizamos nuestros vehículos para realizar el monitoreo y vigilancia de nuestras tierras, poniendo en riesgo nuestra vida. Lo poco que queda de nuestro bioma amazónico está dentro de nuestras tierras y lo hemos mantenido muy bien, este es otro motivo para nuestra lucha y también por eso estamos expuestos a amenazas de agricultores, mineros y hasta políticos ”, Edilena Krikati
Análisis de asesinatos indígenas y contextos de disputas territoriales en Maranhão (2003-2020)
De acuerdo con los datos recolectados, en el período comprendido entre 2003 y 2019, de un total de 57 asesinatos indígenas reportados, al menos el 32,3% tuvo alguna correlación con la invasión de sus territorios y la explotación ilegal de los recursos naturales; sin embargo, 27,7% fueron denunciados como delitos comunes, supuestamente ajenos a conflictos territoriales; y el otro 40% no pudo llegar a una conclusión sobre la verdadera causa del asesinato.
Durante los últimos 13 años, los registros aumentaron entre 2007 y 2012, cayeron entre 2013 y 2014 y luego volvieron a aumentar, alcanzando un pico de 6 (seis) asesinatos relacionados con conflictos territoriales en el período entre 2015 y 2017.
La encuesta informa, además, la existencia de posibles asesinatos de indígenas que ni siquiera figuran en el mundo jurídico y, por ello, tampoco son denunciados como asesinatos.
Accede al informe completo: Acesso à Justiça para Povos Indígenas no estado do Maranhão
