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En los últimos días, el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) anunció su decisión de “pausar” la implementación de la mayoría de las actividades de los proyectos nacionales y regionales en curso. Esta medida se toma en medio de una profunda incertidumbre financiera global. Y si bien reconocemos la magnitud de los desafíos, no podemos quedarnos en silencio ante el profundo impacto que esto tendrá en las comunidades que apoyamos y representamos en respuesta al VIH.

El proyecto “Mejorando la calidad de vida y el goce de derechos humanos de las personas con VIH y poblaciones clave en América Latina / Abya Yala”, conocido como ALEP+PC, no es un proyecto más. Es una iniciativa única —nacida desde, para y por las comunidades— construida sobre una estructura regional que pone en el centro las voces, experiencias y liderazgos de quienes han sido históricamente más afectades por el VIH. A diferencia de otros proyectos, el nuestro se ha enfocado en fortalecer la participación política basada en evidencia, producir conocimiento desde la comunidad y desarrollar estrategias comunicacionales transformadoras e innovadoras. Precisamente estas son las acciones que ahora han sido detenidas por decisión del Fondo Mundial.

Ningún medicamento llega a quienes lo necesitan sin sistemas comunitarios fuertes que informen, acompañen, monitoreen y transformen los entornos donde ese tratamiento debe ser entregado.

No es momento para recortes

Este no es el momento para que el Fondo Mundial le dé la espalda a las comunidades, ni para contribuir a su desestabilización mediante recortes. Es una medida violenta e innecesaria, especialmente considerando que los recursos necesarios para implementar estas actividades ya existen y están listos para ser utilizados. Sin embargo, se nos niega el acceso a ellos.

Nos preocupa profundamente la falta de transparencia en este proceso. Llamar a esto una “pausa” es engañoso, especialmente cuando se anuncia justo antes del cierre oficial del proyecto. Esto coloca a las comunidades en un espacio de falsa expectativa, ya que, para cuando se levante la “pausa”, no quedará tiempo para implementar las actividades que hemos construido colectivamente.

Nuestro trabajo es profundamente político. A través de la participación comunitaria, guiada por el modelo CLM, hemos generado hallazgos valiosos que nos permiten incidir con evidencia. Nuestros esfuerzos no solo han involucrado programas e instituciones gubernamentales, sino también a aliados estratégicos que promueven una atención integral desde un enfoque comunitario y holístico. Todo esto ha contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de las personas.

Y es precisamente en momentos como este —marcados por el aumento de los recortes, la invisibilización y el auge de discursos anti-derechos y de odio— que se vuelve aún más urgente proteger y sostener el trabajo de las redes comunitarias y los movimientos de base.

Salvar vidas

Sabemos que en tiempos de crisis los fondos suelen priorizarse para lo que se consideran acciones “que salvan vidas”. Pero dejemos esto claro: las acciones lideradas por comunidades, la incidencia política y la comunicación amplia sobre nuestras experiencias vividas también salvan vidas. Ningún medicamento llega a quienes lo necesitan sin sistemas comunitarios fuertes que informen, acompañen, monitoreen y transformen los entornos donde ese tratamiento debe ser entregado. Como ya lo han reconocido otras delegaciones: los servicios que salvan vidas nunca llegarán a quienes más los necesitan sin sistemas comunitarios sólidos.

Las comunidades no pueden ser tratadas como depósitos de datos o modelos de buenas prácticas. Nuestra fuerza no es materia prima: es política viva.

Nos preocupa profundamente que la nueva dirección del Fondo Mundial pueda alinearse con tendencias restrictivas alimentadas por la nueva ola de gobiernos conservadores. Es peligroso diluir el poder transformador de los movimientos sociales latinoamericanos, cuando nuestras luchas, conocimientos y experiencias se usan como insumos técnicos, pero nuestras voces son excluidas de la toma de decisiones. Las comunidades no pueden ser tratadas como depósitos de datos o modelos de buenas prácticas. Nuestra fuerza no es materia prima: es política viva.

Un llamado urgente

Nuestro proyecto está previsto para concluir en septiembre de 2025. Pero si las actividades estratégicas que hemos planeado se interrumpen ahora, también se interrumpirá un esfuerzo regional único —uno que ha tejido voces, experiencias y saberes durante más de cinco años. Voces y vidas que no pueden esperar. Voces que no deben ser silenciadas.

Desde ALEP+PC, reafirmamos el principio MIPA* y la necesidad de que las personas con VIH y las poblaciones clave participen de manera significativa en cada decisión que afecta nuestras vidas. No como observadoras. No como validadoras. Sino como protagonistas.

El Fondo Mundial debe escuchar, valorar y proteger estos espacios. Porque no se puede pausar la vida. No se puede pausar la justicia. Y no se puede pausar una propuesta que nació para transformar nuestras vidas desde la raíz, usando la incidencia política, la evidencia y la comunicación inclusiva como herramientas centrales.

Hacemos un llamado urgente para que cualquier proceso de ajuste o reprogramación considere el contexto regional y los impactos diferenciados sobre nuestras comunidades. No puede haber pausas unilaterales, ni decisiones tomadas sin diálogo, ni ajustes definidos sin la presencia de quienes vivimos las consecuencias.

Estamos abiertas al diálogo, pero también preparadas para la acción colectiva. Y hacemos un llamado a todas las redes, aliades y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe a alzar la voz. Para que esta pausa no se convierta en silencio.

*El principio MIPA se refiere a la Mayor Participación de Personas con VIH y SIDA (GIPA en inglés: Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS).