Colombia alberga varias de las regiones más biodiversas del mundo.
Su protección está en manos de comunidades indígenas y dependientes de los bosques que gestionan más de 30 millones de hectáreas de bosque. Pero estos defensores de primera línea están siendo atacados y enfrentan barreras sistémicas para acceder a la justicia ambiental. Bosques Vivos, Comunidades Fuertes busca aprovechar una oportunidad única: al garantizar la adecuada implementación del Acuerdo de Escazú, podemos dotar a las comunidades indígenas de herramientas políticas, legales y de monitoreo para defender sus derechos y sus territorios.

Lo que está en juego

Colombia enfrenta varias crisis ambientales y sociales al mismo tiempo. La tala ilegal, el acaparamiento de tierras, las industrias extractivas y el cultivo de coca contribuyen a la deforestación. Esto no solo provoca la degradación de la biodiversidad y debilita la resiliencia climática, sino que también expone cada vez más a las comunidades que dependen del bosque a la violencia y al hostigamiento. Las comunidades indígenas se encuentran en la primera línea de estos desafíos. Pero, a pesar de su rol de guardianes, las barreras sistémicas —como el acceso limitado al sistema judicial y la exclusión de los procesos de toma de decisiones— mantienen la justicia ambiental fuera de su alcance.

Una oportunidad importante

Afortunadamente, ha surgido una oportunidad clave. Colombia ratificó recientemente el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional, firmado por países de América Latina y el Caribe, busca garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Bosques Vivos, Comunidades Fuertes apoya a las comunidades indígenas en la defensa de una implementación adecuada y sólida del acuerdo, de manera que se convierta en un poderoso instrumento legal y político para que las comunidades reclamen y defiendan sus derechos ambientales y humanos.

Nuestro enfoque

El punto de partida del proyecto es el Acuerdo de Escazú. Una vez traducido a la legislación nacional e implementado de manera adecuada, el acuerdo puede convertirse en un marco valioso, sólido y duradero para la gobernanza y la justicia ambiental. Las cinco intervenciones del proyecto están diseñadas para:

  • Incrementar el conocimiento y la conciencia sobre el Acuerdo de Escazú, para que las comunidades puedan exigir una aplicación efectiva de la justicia ambiental.

  • Desarrollar y promover propuestas legislativas basadas en las disposiciones del Acuerdo de Escazú para combatir la deforestación ilegal y garantizar los derechos territoriales indígenas.

  • Dotar a las comunidades de herramientas digitales de monitoreo forestal que les permitan recopilar evidencia de la degradación, fortaleciendo así sus esfuerzos legales y políticos para proteger sus territorios, haciendo uso efectivo de las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

  • Fortalecer la capacidad de las comunidades para acceder a la justicia ambiental mediante procesos de educación y formación para sus miembros.

  • Colaborar con entidades gubernamentales para mejorar sus procesos de toma de decisiones participativas.

Dónde

Colombia

Período

Agosto 2025 – Junio 2027

Socios

Bosques Vivos, Comunidades Fuertes se implementa en estrecha colaboración con dos organizaciones colombianas clave, que aportan experiencia local, confianza comunitaria y gran capacidad de implementación:

  • Cambio Sostenible es una organización de la sociedad civil con amplia experiencia en organización comunitaria, desarrollo sostenible y derechos indígenas.

  • Noís Radio – Corporación La Sónica es un colectivo comunitario de medios y comunicación que trabaja en justicia social y ambiental.

Donante

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Lotería del Código Postal de Suecia.