En Colombia, ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor de altísimo riesgo. En 2024, el país registró el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Según Front Line Defenders, se documentaron 157 casos, junto con 88 ataques y una preocupante tasa de impunidad del 90%. Quienes defienden la tierra, los recursos naturales y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas enfrentan amenazas constantes que socavan su derecho a participar, expresar sus opiniones y decidir sobre su futuro.
En este contexto, proteger el espacio cívico –ese terreno común donde la sociedad puede expresarse libremente, organizarse y participar en la toma de decisiones que la afectan– es más urgente que nunca. A través de nuestro programa Conectar, Defender, Actuar, trabajamos para contrarrestar los intentos de restringirlo, fortaleciendo a la sociedad civil en tres frentes clave: construcción de coaliciones, producción de conocimiento y acción colectiva.
Un encuentro para fortalecer la voz de las comunidades
En Bogotá tuvo lugar recientemente una conversación poco frecuente pero sumamente necesaria. La Mesa Multiactor de Consulta y Diálogo, convocada por Sustainable Change en el marco del programa Conectar, Defender, Actuar, reunió a representantes del gobierno, la sociedad civil, la academia, organismos de control y agencias de cooperación internacional.
El objetivo fue claro: analizar el estado del espacio cívico para las organizaciones afrocolombianas e indígenas y acordar medidas concretas que garanticen su participación efectiva en la formulación de políticas públicas.
La coordinación de actores diversos es esencial para que las comunidades étnicas participen en la construcción de las políticas que las afectan directamente.
Acta de la Mesa Multiactor
Una radiografía preocupante del espacio cívico
En 2024 y 2025, Sustainable Change realizó, en el marco del programa Conectar, Defender, Actuar, el estudio Monitoreo del Espacio Cívico Digital 2025. La investigación midió el estado del espacio cívico en Colombia a partir de una metodología desarrollada por Oxfam. Se evaluaron nueve factores clave –desde la libertad de expresión y el acceso al financiamiento hasta la seguridad y el bienestar– en una escala del 0 al 10.
El puntaje promedio fue de 4 puntos, lo que equivale a un espacio cívico “reprimido” para las organizaciones afrocolombianas e indígenas. Entre las razones que explican este resultado se encuentran:
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escasez de financiamiento y excesiva burocracia
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amenazas persistentes contra líderes y lideresas comunitarias
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racismo sin sanción en entornos digitales
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desigualdades estructurales que limitan el acceso a recursos y espacios de decisión
Un 4 sobre 10 no es solo una cifra: es el reflejo de las barreras que las organizaciones afrocolombianas e indígenas enfrentan a diario para ejercer sus derechos. La falta de recursos, las amenazas constantes y el racismo impune –incluso en entornos digitales– evidencian que el espacio cívico en Colombia no garantiza condiciones de igualdad. Mientras estas realidades persistan, es necesario visibilizarlas y buscar soluciones colectivas.
La investigación como base para la acción
Contar con datos sólidos y análisis rigurosos nos brinda una herramienta estratégica para el cambio. El estudio Monitoreo del Espacio Cívico Digital 2025 permitió nombrar y cuantificar el problema, identificar patrones, reconocer brechas y arrojar luz sobre las realidades que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas.
Con esta evidencia, ahora podemos:
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proponer alternativas viables para enfrentar los desafíos
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formular recomendaciones basadas en hallazgos concretos
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diseñar soluciones colaborativas que involucren a diversos actores
El trabajo de monitoreo no solo legitima las demandas de las comunidades, sino que también ofrece un punto de partida común para que gobiernos, sociedad civil y cooperación internacional entablen un diálogo sobre la base de la misma información.
El valor de las alianzas estratégicas
La mesa de diálogo demostró que defender el espacio cívico no es responsabilidad de un solo sector. La presencia de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Embajada de Noruega en Colombia, la Embajada de los Países Bajos, el Fondo Noruego de Derechos Humanos, la Universidad de los Andes, la Personería de Bogotá, la Corporación Sustainable Change y Hivos evidenció que la colaboración intersectorial es la mejor vía para encontrar soluciones sostenibles.
Los participantes no solo compartieron diagnósticos, sino que también asumieron compromisos para: priorizar departamentos críticos como La Guajira y Chocó, promover la interacción entre autoridades étnicas y estatales, visibilizar periódicamente los avances y capacitar a las organizaciones sociales en incidencia política y gestión de recursos.
Uno de los acuerdos más ambiciosos fue la propuesta de crear, en 2026, el Foro Nacional de Gobernanza Ciudadana para el Espacio Cívico Afro-Indígena, acompañado de una mesa técnica permanente encargada de dar seguimiento a los compromisos y mantener el diálogo entre comunidades, gobierno y agencias de cooperación internacional.
Recomendaciones para un espacio cívico más abierto y seguro
A partir de los hallazgos, se propuso una hoja de ruta con acciones clave:
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promover narrativas de paz y contrarrestar los discursos polarizantes
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fortalecer las capacidades organizativas en gestión, seguridad, financiamiento y rendición de cuentas
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crear rutas interinstitucionales de protección para líderes y lideresas sociales
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garantizar la participación política con un enfoque interseccional, asegurando que mujeres, juventudes, personas LGBTIQ+, afrocolombianas e indígenas tengan voz en la toma de decisiones
Proteger el espacio cívico significa proteger la democracia misma. Las voces afrocolombianas e indígenas no solo deben ser escuchadas: deben ser protagonistas en la construcción de un futuro justo, seguro y plural.
